Instituição de ensino:

Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ)

Programa:

Ciência Política

Autor:

María Maneiro

Titulação:

Doutorado

Ano de defesa:

2007

Link:

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Resumo:

 En la República Argentina, para mediados de la década del '90, la crisis económica, manifiesta –para los sectores populares– tanto en el desempleo sostenido como en la segmentación del mercado de trabajo, conjuntamente con la crisis de los partidos políticos y las organizaciones sindicales, produjo una descolectivización de la vida social. No obstante, otros marcos de articulación fueron surgiendo desde diversos ámbitos, éstos tuvieron como eje de anudamiento la matriz territorial, las redes con asiento barrial se constituyeron en un centro de producción y reproducción política. La mayor apuesta estatal para el Gran Buenos Aires se puso en marcha a partir del Plan Vida, bajo la articulación de un sistema de referentes por manzana, no obstante, pocos años después los recursos y la organización de este programa se vieron mermados y otras iniciativas se tornaron visibles. Entre 1996 y 1997 aparecen las primeras acciones públicas de los embrionarios movimientos de trabajadores desocupados y durante este temprano período se constituye el anudamiento del reclamo por trabajo genuino en su sustituto “factible”, la demanda por subsidios para desempleados, comúnmente conocidos como Planes Trabajar. La inclusión de este requerimiento, se va a engarzar con un formato particular de protesta: el corte de ruta, que si bien frecuentemente aparece, junto con otras herramientas de lucha, desde 1999 se torna hegemónico dentro de esta fracción. Si bien las primeras inclusiones en los planes de empleo estuvieron regenteadas por referentes municipales del aparato del Partido Justicialista, desde el ascenso de la Alianza (1999) múltiples elementos colaboraron en el logro de la autogestión de los programas por parte de los movimientos. El trabajo comunitario y productivo obtenía así una potencialidad divergente. La presidencia de De la Rúa (1999-2001) se caracterizó por una crisis social y política sin precedentes, y en este contexto, el movimiento de trabajadores desocupados, conocido comúnmente como “movimiento piquetero” se tornó un actor primordial tanto por su masiva y frecuente aparición pública, como por la combatividad de sus acciones. El gobierno nacional propició medidas de raigambre antipopular –continuistas del modelo neoliberal– que se tornaron en catalizadores de nuevas, más profundas y más amplias protestas. Diciembre de 2001 mostró públicamente la crisis de todas las mediaciones. El gobierno de Duhalde (2002) intervino para institucionalizar las demandas y apaciguar el conflicto social. Dos estrategias diferentes, más o menos articuladas, se pusieron en juego. Una de ellas, que retomaba aunque trasmutada una demanda histórica de los movimientos de desocupados, se plasmó en el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que supuso la ampliación de los programas de empleo a casi 2 millones de trabajadores desocupados. Sin embargo, una política subterránea y oscura, de acallamiento represivo, se desarrolló para con los movimientos más díscolos. El asesinato de dos piqueteros en la Masacre de Avellaneda la hizo visible y la solidaridad popular con los movimientos trajo como consecuencia la rotunda crítica al gobierno. El presidente Duhalde tuvo que dejar tempranamente su cargo y debió abstenerse de ser candidato en las elecciones. No obstante, los efectos en los movimientos fueron implacables. La matriz institucional de acceso a los planes y la representación de “universalidad” del programa Jefes y Jefas deslegitimaba socialmente a los movimientos y a sus acciones de protesta. La irrupción de la Masacre y el amedrentamiento introducían las sombras del terror entre muchos de los partícipes. El ascenso a la presidencia de Kirchner (2003-2007) trajo nuevos elementos al ruedo, un primer momento de apertura al diálogo enmarcado en un discurso de no criminalización de la protesta produjo efectos contenedores para una amplia gama de los partícipes de los movimientos. Redes de estrechamiento a la política oficial se iban generando con vastas organizaciones; los movimientos acercados a la gestión se fueron volviendo un nexo y un nucleamiento para su base social y política. La relación con los tradicionales referentes partidarios y municipales se vio complejizada y el mundo de articulaciones y acciones territoriales de los movimientos se fue modificando y ampliando. Sin embargo, a los pocos meses de asumir, se comenzaron a hacer palpables las relaciones de inclusión y exclusión; en este contexto las vinculaciones con los movimientos “externos” no mostraron apertura, y las demandas debieron ser arrancadas a partir de la movilización, no obstante ésta se producía dentro de una estructura de oportunidades diferente y bajo una visión hegemónica estigmatizante ¿La matriz peronista clásica se re-inventa? Pese a esto, dos elementos no son desdeñables. El primero de ellos tiene que ver con los espacios y los recursos ganados por los movimientos: una red territorial alternativa de gestión y trabajo comunitario se fue constituyendo en los barrios populares, diezmados por la pobreza. El segundo tiene que ver con la vulnerabilidad de estos logros, pues éstos se encuentran ligados a una constante presentificación, que se expresa de maneras diferentes, tal como se desarrollará en detalle en los últimos peldaños de esta tesis.

Orientador:

José Maurício Domingues

Palavras-chave:

Argentina; Estado; Movimientos sociales